Ha pasado un año desde la aprobación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, el CETA, conocido por sus críticos como “la puerta trasera para el TTIP”. Pero, además, en la actualidad se están negociando nuevos tratados con Japón, Singapur y Mercosur. La Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión organizó el martes 9 de octubre en Madrid una charla para reflexionar en torno las consecuencias negativas que tienen estos acuerdos internacionales para los derechos los ciudadanos, ya que al situarse por encima de la jurisdicción de los países crean “la arquitectura de la impunidad” para las multinacionales.

Todo esto, según los ponentes que acudieron al acto, hay que leerlo en el momento histórico que atraviesa el capitalismo, en nueva expansión y cada vez “más voraz”, a punto de desembocar en una nueva crisis. Para el futuro que se aproxima, es importante construir alternativas. “Tenemos la sensación de que la crisis de 2008 ha abierto nuevos paradigmas políticos y culturales que no sabemos muy bien donde van a acabar”, indicó el actor Juan Diego Botto, encargado de presentar el debate en el Teatro del Barrio. También participaron el concejal de Ahora Madrid y dirigente de IU Carlos Sánchez Mato, la investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) Erika González, el miembro de Ecologistas en Acción Tom Kuchartz y la sindicalista de CGT Irene de la Cuerda.

“Podemos afirmar que el capitalismo está en nueva expansión. Diez años después de la caída de Lehman Brothers tenemos más concentración de ricos y sus riquezas han aumentado más”, manifestó Kuchartz, miembro de Ecologistas en Acción. La extrema derecha plantea que “no hay suficiente para todos” y que la responsabilidad es de las personas que vienen de fuera, pero “hay que poner el acento en que los mismos que generaron una crisis financiera son los que están abocándonos a otra nueva crisis”, añadió.

González se encargó de profundizar en el concepto de “arquitectura jurídica de la impunidad”, es decir, cómo las empresas disponen de “un enorme entramado de miles de normas en los tratados de libre comercio que se realizan” y que “blindan sus derechos”. Una de estas herramientas que contemplan los tratados son los tribunales de arbitraje, donde las empresas pueden denunciar a los estados si así lo consideran oportuno. Sin embargo, hay “una enorme asimetría normativa” porque “no existen normas ni instituciones que hagan seguimiento al cumplimiento de los Derechos Humanos en el mundo”, criticó la experta.

Un ejemplo concreto del pasado sería el caso de Repsol en Argentina: las comunidades mapuches denunciaron la contaminación de sus tierras durante más diez años y no obtuvieron ninguna respuesta en los tribunales, mientras que la empresa, al ser expulsada del país, puso en marcha tres litigios internacionales que le resultaron útiles para poder presionar entonces al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y obtener mejores condiciones.

Otro ejemplo actual de los grandes beneficios que obtienen las multinacionales en detrimento de los intereses de los ciudadanos sería el actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte alcanzado entre México, Canadá y EEUU. Según explicó Kuchartz, “las empresas estadounidenses y canadienses pueden denunciar en los tribunales de arbitraje al Estado de México”, además de que el acuerdo “elimina las cláusulas de protección ambiental del acuerdo de hace veinte años” porque “no reconoce el cambio climático”. También afecta a la soberanía alimentaria y al mundo rural, mientras que “se eliminan los fármacos genéricos”.

La precariedad que arrastran los grandes tratados

“Los tratados de libre comercio acaban con los derechos de las clases trabajadoras, lo vemos en el poder de las multinacionales para desregular el mundo laboral, en cómo surgen las contratas y subcontratas que precarizan las condiciones laborales de los trabajadores”, explicó De la Cuerda. “Las dos reformas laborales desregularon el mercado laboral para que penetraran las trasnacionales”, añadió la experta, quien también achacó parte de la culpa al papel de los sindicatos, que la mayoría de las veces hacen un “papel de mero acompañamiento”. Según indicó, los casos recientes de éxito en la lucha por los derechos laborales se han debido a la auto-organización de los trabajadores, como en el caso de Las Kellys, las camareras de piso.

Alternativas posibles a la dinámica global

Sánchez habló de las dificultades de la política local para contrarrestar los grandes embistes de las multinacionales. Por ejemplo, imponer cláusulas sociales en la contratación pública es “una herramienta que dificulta la explotación”, pero insistió en que “son tiritas para contener una hemorragia”. Vaticinó también que una nueva crisis llegará cuando explote “el actual burbujón financiero” y que debemos prepararnos para generar alternativas cuando llegue ese momento. La actual situación es compleja porque incluso a gobierno supuestamente progresistas como el del PSOE “les tiembla la mano a la hora de tocar impuestos” y de poner tributos, impuestos o tasas para “solucionar la explotación que previamente se ha realizado”.

Como posibles soluciones, González habló de alianzas internacionales como es la campaña Desmantelando el Poder de las Transnacionales en la que participa OMAL y decenas de organizaciones de diversas partes del mundo. Una de las propuestas de esta campaña es crear un centro internacional de violaciones de Derechos Humanos de las Transnacionales, en forma de tribunal internacional, donde se pueda juzgar a las empresas y directivos cuando cometan esta clase delitos. Una iniciativa que ha sido bien recibida en la ONU, pero que ha sido confrontada por la Unión Europea, según explicó la activista.

En este sentido, los ponentes animaron a salir a la calle para protestar contra los tratados internacionales que benefician a las empresas en detrimento de los ciudadanos, confiando en la movilización como única manera de transformación social. “No sabéis lo importante que es, cuando se está con un pie en la institución, que se empuje, más aun cuando hay un Gobierno al que se le supone un mínimo de sensibilización. Todo cambia si la calle está enchufada, si la movilización es activa, y en este sentido voy a seguir siendo optimista”, apuntó Sánchez Mato.